Francisco García Posse, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital, consideró ayer que los presuntos hechos ilícitos que le imputaban eran una sucesión de falsedades. “Estamos ante un rosario de mentiras”, manifestó ante la fiscala Mariana Rivadeneira.

La fiscala se negó a interrogar a la periodista que citó y a publicitar el acto

El dirigente profesional prestó declaración indagatoria después de que hiciera lo propio Irene Benito, periodista de LA GACETA (se informa por separado). Al igual que en el supuesto de aquella, Rivadeneira se negó a publicitar el acto, que terminó cuando los defensores de García Posse, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, refirieron que el pago por la redacción del libro de estilo encomendado a Benito que objetaba la fiscala había sido realizado por el entonces tesorero del Colegio y hoy magistrado civil, Pedro Cagna, y que, por los fueros de este, eventualmente ello obligaría al Ministerio Público Fiscal a desprenderse de la causa para que investigue un juez penal. “Este extremo nos resulta fantasioso, pero, dada la posibilidad de nulidades, es necesario que la fiscala se expida concretamente al respecto”, manifestaron los abogados.

Antes de formular la hipótesis de la investigación jurisdiccional, García Posse sugirió a Rivadeneira la lectura de la norma que regula el ejercicio de la profesión. “La fiscala no conoce la Ley 5.233, y es por ello que habla de la extralimitación de mis funciones de manera vaga, imprecisa y genérica para no decir cuáles serían las funciones extralimitadas, Otra contradicción es que dice que (encargué la redacción del libro de estilo) sin ningún convenio y, a continuación, que acordé con Benito”, dijo. García Posse advirtió que también era inconsistente que la fiscala afirmara que esto había ocurrido sin control del Consejo Directivo del Colegio para luego indicar que ese organismo había autorizado el pago de honorarios a la autora.

García Posse añadió que el Consejo había aprobado la propuesta de Benito y ordenado la erogación de un anticipo, no él: “mal que le pese a la fiscala, sí existió un contrato”. Y observó que el presidente no votaba en el Consejo, salvo que fuese necesario desempatar, y que sí lo había hecho el titular actual Rodolfo Gilli, en ese momento prosecretario. García Posse alertó: “Gilli podría tener responsabilidad por esa contratación y, sin embargo, se le pidió que aporte información en esta causa”.